Hugo Ortega T.
Director
Escuela de Ingeniería en Agronegocios
Universidad Central

Una de las tareas urgentes del Gobierno consiste en incorporar a la pequeña agricultura al progreso y desarrollo que ha alcanzado la mediana y gran empresa. Primero, porque el sector campesino es la gran mayoría de la población rural y que aporta con una gran cantidad de rubros parte importante del PIB sectorial y, segundo, porque una inequidad tan amplia como la existente, amenaza la estabilidad de los medianos y grandes.

Esta situación delicada, tanto en lo político, social como económico, obedece fundamentalmente a tres razones de fondo. La primera, es el bajo nivel de capacidad en gestión de los pequeños empresarios agrícolas, a nivel del manejo predial mismo y, sobre todo, en lo que concierne a la comercialización de sus ofertas productivas.

La segunda razón es la falta de organización entre ellos mismos, exigencia indispensable para lograr ofrecer a los mercado mayores volúmenes, de mejor calidad y a costos más bajos.

La tercera y última razón de sus atrasos radica en la falta de políticas públicas adecuadas a las exigencias y circunstancias de esta categoría de agricultor. No hemos podido encontrar la ruta y ritmo de atención y apoyo que el pequeño empresario requiere.

En efecto, aún cuando se han diseñado y aplicado un gran número de programas de fomento productivo destinados al subsector en mención, los resultados globales de este no son satisfactorios, dado que solo una minoría ha logrado incorporarse a niveles de gestión de calidad y mercadeo que les permite ser competitivos en los mercados más rentables.

Según algunas declaraciones de autoridades de Gobierno, especialmente del Ministro de Agricultura, el año 2007 será de un año donde se realizará un esfuerzo en este sentido, informando que se trabajará territorialmente y buscando establecer redes o “clusters” en torno a determinados rubros, colaborando con la capacitación, organización y comercialización de los pequeños agricultores, lo cual parece muy bien orientado.
Lo que nos queda es tomarle la palabra. Y frente a esta enorme tarea, y con el ánimo de aportar al intento, sería muy positivo incorporar estratégicamente la participación de las universidades en ello, sobre todo aquellas con carreras relacionadas a los temas a tratar. Compartir un diagnóstico, acordar un programa de acción congruente con las estrategias gubernamentales y establecer una relación entre la universidad y el grupo a atender. Alumnos en práctica, profesores especialistas, temas de tesis de grado en torno a problemas reales, estudios de casos reales apoyando la docencia, cursos de capacitación a los agricultores, etc, etc.

Una última tarea que le corresponde hacer al Gobierno es una necesaria evaluación comparativa entre todos los instrumentos públicos de fomento productivo. La tendencia histórica en la materia ha sido diseñar desde el escritorio los diferentes instrumentos hoy día existentes. Son menos los que han nacido desde la base, un función de estudios y participación de los posibles beneficiarios.